Si el 18 de octubre simboliza la crisis social, lo del miércoles pasado asoma como el hito que marca el comienzo de otra crisis: una institucional, y de proporciones. La que se soltó el miércoles es una tuerca situada en el corazón del motor que bombea el sistema político.

El régimen político chileno es presidencial. Para funcionar con un mínimo de coherencia y eficacia, ese engranaje -el chileno, no cualquier sistema presidencial- ha necesitado que el presidente controle la agenda legislativa, particularmente que monopolice la iniciativa en materia de gasto público, incluida la cuestión previsional. Esa coherencia institucional, que está a la base de nuestro Estado de Derecho, se fue construyendo en una larga historia de experiencias, fracasos y lecciones.

La Cámara de Diputados ha encontrado un resquicio para ensayar lo que un senador ya designara como un “parlamentarismo de facto”.

Ello consiste en que los beneficios sociales -en este caso, uno previsional- se fragüen en el parlamento, no como iniciativas legales, sino como reformas constitucionales, pues en materia constitucional, no hay iniciativa exclusiva del Presidente.

Esos 3/5 que pueden sumarse en el Congreso no son una coalición coherente. Esa mayoría puede entonces desarmar cosas, pero difícilmente será capaz de reemplazarlas. El episodio del miércoles lo demuestra con entera claridad. El grupo desarma, por ahora solo en parte, el sistema previsional de capitalización individual, pero no logra y probablemente nunca logrará ponerse de acuerdo en un sistema previsional de reemplazo. El resultado es la no previsión; una apelación vaga a que el hoyo que deja el retiro sea llenado más adelante, sin precisar ni por quién ni cómo. Ese resultado no es en absoluto casual.

El símbolo del “parlamentarismo de facto” debiera ser el hacha  o si se quiere, ahora sí, la retroexcavadora. Ningún edificio, ninguna obra, surgirá de él.

El parlamentarismo puede ser un sistema virtuoso. Solo que necesita funcionar bajo ciertos supuestos, mecanismos e incentivos que no son los actuales. El de facto, regido por reglas presidenciales, no funciona, salvo como instrumento de demolición.