Ha provocado conmoción política la revelación a este diario por el ex ministro de Obras Públicas de la Concertación, Carlos Cruz, en cuanto a que durante el ejercicio de ese cargo recibió mensualmente un sobre con un millón 800 mil pesos en billetes.
 

Los sobresueldos financiados por la ciudadanía, decididos por la coalición de gobierno en beneficio de sus propios miembros, en secreto y sin previa aprobación por el Congreso, son antidemocráticos.
 

La ciudadanía queda inerme frente a una coalición que usa los recursos públicos en secreto para servirse a sí misma.
 

Las constituciones de los Estados democráticos prohíben al Poder Ejecutivo fijar los sueldos de sus propios miembros, exigiendo que esos sueldos sean fijados por ley, previa deliberación pública.
 

Es lo que exige también el artículo 62 N° 4 de la Constitución chilena.
 

De ese modo, lo declarado por el ex ministro equivale a admitir que el Gobierno ha violado habitualmente la Constitución.