La reforma al Código de Aguas es una expropiación encubierta, y eso nadie lo puede desmentir. Pretender cambiar la propiedad del derecho de agua desde perpetuo e indefinido a uso y goce, con una discrecionalidad tal por parte del Estado que queda facultado para caducar los derechos, y una serie de otras indicaciones, varias de ellas inconstitucionales, revela que aquí hay algo ideológico que nos deja en una posición de pérdida patrimonial incalculable. Y no solamente pérdida patrimonial, sino que la pérdida de ser sujeto de crédito, porque es obvio que si tenemos agua que estará sujeta a una arbitrariedad funcionaria, su valor patrimonial será menor, y eso limitará obviamente las inversiones"

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Ricardo Ariztía, ex presidente de la CPC (El Mercurio, 1.4.17)