Nos parece especialmente desaconsejable que, de cara a un proceso constituyente, admitamos que la Constitución pueda entrar a definir materias que, por su especificidad, son típicamente de reserva legal, en estricta armonía con los principios y valores constitucionales. Semejante actuación abre la puerta para que una eventual Convención Constituyente pretenda definir en un futuro texto constitucional todas las regulaciones vinculadas con las demandas sociales; desnaturalizando por completo lo que es propio de toda Carta Magna. Se trata, sin duda, de una señal muy preocupante”.