La prácticamente nula creación de nuevos colegios particulares subvencionados no es más que un botón de muestra de que la mal llamada “Ley de Inclusión”, que buscó “sacarle los patines” a este sector, está dando sus frutos. En vez de mejorar estos colegios, que tienen el 54% de la matrícula nacional, para que formen parte de una buena educación pública, les cortaron las alas y las posibilidades de crecer. Hoy en nuestros colegios no hay espacio para la inversión ni la innovación. No hay recursos para mejorar un aula, construir una cancha deportiva o remodelar baños. El Estado solo se preocupa de la infraestructura de los colegios municipales y administra un fondo para ello. No existe un fondo equivalente para los subvencionados, castigándose a la mayoría de los alumnos chilenos que estudian en ellos. Tampoco existe el financiamiento bancario para las nuevas corporaciones y fundaciones que debieron asumir como sostenedores para continuar percibiendo la subvención escolar. En un escenario de ingresos limitados a subvenciones insuficientes (la reforma además puso fin al financiamiento compartido), la única forma de financiar los costos crecientes será reduciendo las prestaciones educacionales. Es lamentable pretender “achicar” a la fuerza al sector que libremente ha elegido el 54% de las familias y que logró que Chile alcanzara la más alta cobertura escolar en toda su historia republicana.