El exministro del Interior Gonzalo Blumel reconoció en una entrevista que la principal razón que llevó al gobierno al proceso constituyente fue el temor a la violencia desatada en las calles desde el 18 de octubre. Aunque algunos insistan en negarlo, el hecho que  haya nacido producto de una ola de violencia hace que este proceso constituyente tenga un punto de origen que carece de legitimidad democrática.

El exministro dijo que en los días que precedieron al acuerdo del 15 de noviembre “había bastante sentido de urgencia, una sensación de que esa violencia no podía prolongarse en el tiempo, ese nivel de violencia es incompatible con una sociedad democrática, y por lo tanto había dos opciones”. La opción menos deseada para Blumel era renovar el estado de emergencia. La otra opción era un acuerdo político que permitiera iniciar un proceso constituyente.

Considerando que el presidente había hecho campaña oponiéndose a una nueva Constitución y que uno de sus primeros actos legislativos fue retirar el proyecto al respecto que había presentado la presidente Bachelet pocos días antes de dejar al poder, la opción que manejaba Blumel representaba una renuncia flagrante a estos compromisos de campaña.

Pero en vez de convencer a la audiencia de que el gobierno optó por la mejor salida para el país, Blumel deja en claro en la entrevista que el presidente prefirió renunciar a sus ideales y valores para ceder a la presión ejercida por la violencia.

Como el precedente de que la violencia produce resultados ya quedó instalado, no debiéramos sorprendernos de que cada grupo que exige más derechos o tiene reclamos, por más legítimos que sean, hará uso de métodos extrainstitucionales para avanzar su causa. Para qué respetar la ley si irrespetarla sale gratis y, además, produce mejores resultados.

Los meses que se vienen serán de alta incertidumbre. De iniciarse el proceso constituyente, la incertidumbre reinará hasta que la nueva Constitución esté lista a mediados de 2022 y, después, cuando las contradicciones internas del texto lleven a procesos de judicialización permanente en distintos ámbitos de la economía. Pero, como si eso no fuera poco, a la incertidumbre deberemos sumar la presión que ejercerán aquellos actores que, mirando lo que ha ocurrido este último año, saben que el gobierno está dispuesto incluso a renunciar a sus principios para evitar la violencia.

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Patricio Navia, cientista político y profesor universitario (El Líbero, 28.8.20; Extracto)