Aunque parezca increíble, en medio de esta crisis económica la diputada comunista Karol Cariola presentó un proyecto de reforma constitucional  para introducir en Chile un impuesto patrimonial. Para confundir a la gente, lo denominan “impuesto a los super ricos”. Pero está comprobado que, una vez gatillada la envidia a los “ricos”, este impuesto terminará gravando también a gente de clase media que ha formado un patrimonio a lo largo de una vida de trabajo y ahorro.

Múltiples estudios comprueban los efectos negativos de este impuesto sobre la inversión, el empleo, el crecimiento y, en consecuencia, sobre la recaudación tributaria (ver “Impuesto al Patrimonio: efectos macroeconómicos y fiscales”, Clapes UC; agosto 2020). Incluso la mayoría de los países europeos que lo impusieron por algún tiempo lo eliminaron, incluyendo un país de tradición estatista como Francia.

Un impuesto al patrimonio de 1% reduce el retorno sobre la inversión en un 27%, lo que disminuye el stock de capital entre 2% y 3%. La caída de la inversión reduce el empleo y el crecimiento, lo que disminuye el PIB entre 0,9% y 1,4%. La propuesta del Partido Comunista es un impuesto de 2,5% al patrimonio por lo que estos efectos negativos sobre la inversión, el empleo y el crecimiento serían mucho mayores.

Por otra parte, en el mundo global el capital se mueve con extraordinaria rapidez. Un impuesto al capital acumulado obviamente aumentará la salida de capitales existentes y disminuirá la entrada de capitales nuevos. La menor disponibilidad de capital reduce la inversión y, por lo tanto, el empleo y el crecimiento.

Y como si estos efectos negativos sobre el estándar de vida de todos los chilenos no fueran graves, un impuesto al patrimonio tampoco logra el objetivo de aumentar el ingreso tributario del Estado. El caso francés es sintomático. Hasta antes de eliminarlo, abandonaban el país $12.000 millones de dólares anuales, el 0,5% del PIB. El efecto acumulado de estas salidas anuales de capital redujo la recaudación tributaria anual en $8.500 millones de dólares, el 0,35% del PIB, cifra que supera a la recaudación tributaria anual por este impuesto, de $5.200 millones de dólares, el 0,23% del PIB.  

Hay incluso un nuevo y potente argumento en contra de un impuesto al patrimonio. La globalización y el prodigioso avance de la tecnología de las comunicaciones y del transporte, acelerado por la pandemia, generan una creciente asimetría en la movilidad internacional de las personas.  El capital humano se libera cada vez más de las ataduras geográficas.

Las personas más productivos de un país, y por ende las más "ricas”, tienen una alta movilidad para trabajar y ahorrar desde las jurisdicciones en que no los confiscan. En América Latina, destacan los casos dramáticos de Argentina y Venezuela que han perdido a sus ciudadanos más productivos con un daño tremendo a sus países.

Hay 200 países que compiten por atraer lo mejor del capital humano del mundo. Destacan últimamente Uruguay (ver para Segunda Lectura - Mundo) y Australia que, entre 2015 y 2016, recibió a 19.000 millonarios. Pues los super productivos pueden trabajar, consumir y ahorrar en los países amigables al capital humano y pasar sus vacaciones en sus países de origen donde, absurdamente, su capital no es bienvenido.

Y lo más preocupante es que quienes abandonan su país de nacimiento, se acostumbran a su nueva vida en otras latitudes, crean nuevos lazos y se alejan definitivamente de su país de origen, lo cual transforma el daño en permanente. En contraste, los ciudadanos con menor nivel de educación tienen menor movilidad internacional. Están más atados a su país de origen.

Sería un error monstruoso incentivar el éxodo de los chilenos más productivos, más talentosos y más innovadores, dañando el empleo y el progreso del resto de los chilenos. Un impuesto al patrimonio a los “super ricos” en realidad crea un impuesto nefasto a todo el resto de los chilenos y, especialmente, a los “super pobres”.