Quien solo se informa por los medios de comunicación dominantes, probablemente no sabe que el 30 de julio  de 1989 se realizó en Chile un plebiscito de trascendental importancia.

Durante el fracasado proyecto de la expresidenta Bachelet de instalar una Asamblea Constituyente para que, partiendo de una “hoja en blanco” (Lagos dixit), redactare una nueva Constitución, se repitió mil veces que la Constitución de 1980 sería “ilegítima de origen”. Pero jamás se mencionó, y menos se destacó que, cualquiera sea el juicio sobre el plebiscito de 1980, había otro plebiscito, el de 1989, que ratificó, perfeccionó y legitimó la Constitución de 1980.

En efecto, tras múltiples conversaciones entre el gobierno y los dirigentes de los partidos políticos de oposición, los interlocutores principales, el ministro del Interior Carlos Cáceres y el candidato presidencial de la Concertación, Patricio Aylwin, lograron un acuerdo en torno a 54 ajustes a la Constitución de 1980.

El proyecto de reforma constitucional fue aprobado por la Junta de Gobierno y anunciado al país por el presidente Pinochet el 30 de mayo de 1989. El 15 de Junio se publicó en el Diario Oficial el Decreto Nº 939 que convocaba a un plebiscito el Domingo 30 de julio y detallaba las 54 reformas acordadas. Como lo disponía la Carta Fundamental, desde su entrada en vigencia el 11.3.81, toda propuesta de reforma constitucional debía ser aprobada por la ciudadanía a través de un plebiscito.

En la franja televisiva que se estableció para la campaña, la idea-fuerza que utilizó el gobierno fue “Chile: Una constitución para la democracia y el progreso”. La historia posterior ha demostrado la lucidez de ese aserto. De 7.556.613 personas habilitadas para votar, lo hicieron 7.082.084 ciudadanos. La opción “Apruebo” obtuvo 6.069.449 votos, un 91,25%. La opción “Rechazo” obtuvo apenas 581.604 votos, un  8,74%.

Tras conocer el abrumador respaldo a la propuesta del gobierno, el presidente Pinochet declaró esa misma noche: “Los chilenos hemos dado una nueva demostración al mundo de nuestra madurez cívica y sentido de responsabilidad patriótica...nos comprometemos solemnemente ante Dios y ante la Patria, a respetar y hacer respetar la Constitución de la República que hemos generado y que el pueblo chileno, en dos oportunidades, ha ratificado mayoritariamente”. La reforma constitucional aprobada por el 91% de los ciudadanos fue publicada como ley Nº 18.925 en el Diario Oficial del 17 de agosto de 1989.

De esta manera, la nueva etapa política comenzó con una Constitución consensuada, ratificada abrumadoramente en un plebiscito y aceptada explícitamente por la oposición democrática. Es importante lo que, en 1997, sostuvo Edgardo Boeninger, ministro de la Presidencia de Aylwin: “Con este plebiscito la Concertación aceptó explícitamente la Constitución del 80 modificada”. El más importante de los ajustes aprobados fue el mecanismo de reforma de la Constitución.

Reiteremos la cita que ha hecho esta revista (ver “La refundación de la democracia”, Economía y Sociedad Nº 96) de las palabras del exministro de la presidenta Bachelet, José Antonio Viera-Gallo: “Con esta Constitución hemos vivido veintitantos años de paz, de tolerancia, de alternancia en el poder, de conflictos resueltos por vía institucional, de respeto a las libertades. Esta Constitución reformada ha ido acompañando el desarrollo político, económico y cultural del país”.

La reforma constitucional de 1989 contribuyó a mantener la estabilidad institucional y el modelo de libertades que generó el notable progreso económico y social del país. Constituyó entonces un hecho tremendamente positivo en la consolidación del Nuevo Chile, ese que buscaba con afán no repetir los errores institucionales que por décadas lo condenaron a la pobreza y al subdesarrollo.