Al cometer 20 violaciones a la Constitución en el período 1970-73, el gobierno del presidente Allende destruyó la democracia chilena (ver libro “Una Casa Dividida”, 2003). El gobierno del presidente Pinochet reconstruyó la democracia a través de la Constitución y las 14 leyes orgánicas constitucionales (ver “La verdadera historia de la refundación de la democracia”, Economía y Sociedad Nº 96, julio - septiembre 2018). Los 4 presidentes de la Concertación respetaron la Constitución, ya con reformas acordadas y plebiscitadas en 1989, y así contribuyeron a tres décadas de progreso y estabilidad (ver Dossier “La Constitución de Chile” en Economía y Sociedad Nº 103, abril - junio 2020).

Sin embargo, en los últimos 10 meses se ha producido un retroceso gigante. La izquierda chilena ha cometido dos errores de enormes consecuencias para el futuro del país.

La izquierda amparó la violencia

Tras el estallido terrorista del 18 de octubre, ella decidió amparar la violencia de esos meses para atemorizar a un gobierno débil y carente de convicciones e intentar derogar la Constitución.

Mariana Aylwin, hija del expresidente y exministra de la Concertación, lo denunció de manera frontal: “La oposición es cómplice de la destrucción de Chile y del deterioro de la vida de millones de chilenos. DC incluida. Ni una palabra condenando la violencia”. El 15 de noviembre, en la noche de las caras largas de la derecha, lograron su objetivo e iniciaron un proceso para redactar una nueva Constitución “desde una hoja en blanco”.

La izquierda violó la Constitución

El 8 de julio en la Cámara todos los diputados de partidos de izquierda violaron la Constitución al votar a favor de un proyecto de reforma constitucional que constituye un “fraude de ley”, según lo ha dictaminado el profesor de Derecho Hernán Corral (ver Para Segunda Lectura).

Lo hicieron para desconocer la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materias de seguridad social, instalada por el presidente Frei Montalva en 1969 a través de una reforma constitucional. Jorge Correa Sutil, exsubsecretario del Interior del presidente Lagos y profesor de derecho constitucional, lo denunció así: “Lo del miércoles asoma como el hito que marca el comienzo de una crisis institucional de proporciones. La que se soltó es una tuerca situada en el corazón del motor que bombea el sistema político”.

Además, la Comisión de Constitución proclamó como “aprobada”, con solo 3/5 de los votos, una reforma constitucional que evidentemente requiere 2/3 de los diputados en ejercicio pues afecta un derecho contemplado en el capítulo III de la Carta Fundamental (ver Voces y Para Segunda Lectura).

Qué hacer

1. Los dirigentes políticos de la Concertación que no participaron en este episodio deben levantar su voz y denunciar este atentado a la democracia de sus aliados. En estos días, el silencio de los expresidentes Ricardo Lagos, Eduardo Frei y Michelle Bachelet ha sido atronador.

2. El gobierno debe hacer una declaración categórica denunciando esta violación constitucional y constatar como roto el acuerdo de noviembre (como ya lo hizo el ministro de Hacienda Ignacio Briones; ver Para Segunda Lectura). Además, debe advertir de los peligros para la economía y para la institucionalidad del proceso constituyente promovido por una izquierda no democrática y, por lo tanto, llamar a votar “Rechazo” en el plebiscito como una manera de defender la democracia.

3. Los ministros del Interior Gonzalo Blumel y de Hacienda Ignacio Briones, el líder de Evopoli Felipe Kast, el presidente de Renovación Nacional Mario Desbordes y el excandidato presidencial Joaquín Lavín, tienen el deber patriótico de cambiar su postura y llamar a votar por el “Rechazo”. Cualesquiera hayan sido las razones que los llevaron a confiar en que el proceso de redactar desde “una hoja en blanco” una nueva Carta Fundamental sería beneficioso para el país, ellos seguramente reconocerán que el “estallido institucional” del 8 de julio ha cambiado radicalmente el significado y contexto del proceso constituyente.

En los años anteriores a la ruptura de 1973, la izquierda le declaró la guerra a la democracia. Basta recordar el llamado a la “vía armada” aprobado por el partido Socialista en su Congreso de Chillán en 1967. En vez de reaccionar con firmeza y claridad moral, los partidos de derecha y centro, los medios y la sociedad civil fueron debilísimos en denunciar esta amenaza a la democracia desde dentro de la democracia.

Precisamente para evitar que se repita la historia que llevó al dramático quiebre de 1973, levantamos aquí la voz con fuerza y rigor en defensa de la democracia.