La mejor reforma tributaria es eliminar el impuesto a la renta de las personas y empresas, y reemplazarlo por un impuesto al valor agregado.

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Si nuestros líderes intentaran esta reforma radical, romperían el juego político pequeño y permanente de expandir las exenciones y subsidios. Una reforma radical debe ser simple, comprensible y atractiva para los votantes. Y sólo una reforma radical de impuestos, acompañada de una decidida desregulación del Estado, puede conseguir un aumento fuerte del crecimiento económico  3% o más.

 

Las mayores dificultades del Código Tributario provienen de aplicar impuesto a la renta a las personas. Una vez que el gobierno aplica impuesto a la renta a las personas, debe aplicar impuesto también a la renta de las empresas para evitar que las personas formen empresas que les permita evitar el impuesto. Sin embargo, la tasa correcta de impuesto a las empresas es cero, porque cada centavo de impuesto a las empresas proviene de las personas via mayores precios, menores salarios o menores dividendos a los accionistas de las empresas. Y un impuesto a la renta a las empresas estimula a un ejército de abogados y contadores que buscan los inevitables “loopholes”.

 

Aplicar un impuesto a la renta de los salarios supone aplicar también impuesto a los dividendos e intereses del capital invertido que las personas perciben, lo cual desincentiva el ahorro y la inversión. Pues si el gobierno no aplicara impuestos a los dividendos e intereses, las personas tendrían incentivos para percibir salarios en la forma de opciones sobre acciones o intereses devengados.

 

El Código Tributario intenta limitar el daño que inflinge con el impuesto a la renta instituyendo complejas excepciones al pago de impuestos a innumerables grupos de interés. Pero aplicar un impuesto a algo y después intentar atenuar el daño con elaboradas excepciones es un síntoma patológico.

 

La complejidad y arbitrariedad del Código desaparece completamente al aplicar un impuesto al valor agregado a los bienes y servicios cuando las personas o las empresas, al comprarlos, gastan su renta. Un impuesto al valor agregado es, en definitiva, un impuesto a la renta al momento que ésta se gasta.

 

Esta reforma eliminaría todas las deducciones. Los grupos de personas beneficiados con ellas son poderosos, pero si el gobierno elimina el impuesto a la renta, estos grupos pierden su potencia porque, por definición, ya no tienen sentido las exenciones.

 

Si se elimina el impuesto a la renta y se sustituye por uno al valor agregado, se rompe la pequeña política que permea la discusión tributaria y se logra una potente reforma pro crecimiento.

 

Es esencial que la tasa de impuesto al valor agregado sea única, esculpida en piedra. Porque tratar de transferir ingresos entre grupos de interés por la vía de aplicar distintas tasas de impuesto al valor agregado, distorsionaría nuevamente el Código Tributario.

 

Y también es esencial que, al contrario de lo que ocurre en Europa, el impuesto al valor agregado no se sume al actual sistema de impuesto a la renta, sino que lo reemplace totalmente.

 

El sistema puede hacerse progresivo con reembolsos del impuesto al valor agregado. Ellos se pueden acreditar en la tarjeta de débito o crédito y todos tendrán así los incentivos para declarar sus compras en lugar de ocultar sus ingresos. Si el gobierno gastará el 20% del PIB, la tasa de impuesto al valor agregado estará en torno al 20%.

 

¿Es esta propuesta irreal? No. Lo que es irreal es pensar que con retoques al actual sistema se realizarán grandes cambios. A veces, cuando los  pequeños pasos son imposibles, un gran salto es factible.