Con las inscripciones de varias precandidaturas, ha comenzado de hecho la campaña presidencial. El domingo 12 de diciembre en la noche, los ciudadanos sabremos exactamente cuántos votos obtuvo cada candidato en el país, en cada región, en cada ciudad, en cada comuna, en cada mesa, incluso separada la votación en hombres y mujeres.

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Desde ahora hasta esa fecha, toda persona que vive en Chile verá propaganda televisiva, escuchará avisos en radio, lamentará el rayado de paredes y calles, observará los afiches colgantes, y será de múltiples maneras contactada por los equipos de las diversas candidaturas.

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Pero los ciudadanos no sabremos nada de cuánto se gastó en las distintas campañas ni de quiénes aportaron el dinero necesario. Existirá entonces un abismo entre la transparencia de los votos y la opacidad de las platas. Esto es malo para la democracia chilena.

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Es evidente que se requiere dinero para financiar una campaña. Si se prohibiera el gasto para dar a conocer a los candidatos y sus programas, entonces solo podrían postular a cargos públicos por primera vez las personas que fueran conocidas en otra capacidad (personajes televisivos, deportistas, etc.). En este sentido, el dinero así gastado es parte de la libertad de expresión.

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Sin embargo, lo que es peligroso es que, a través de la entrega de dinero sin conocimiento público, grupos de interés de cualquier naturaleza --incluso extranjeros-- puedan intentar adquirir "derechos" sobre la legislación o las acciones de gobierno que los favorezcan en desmedro de los demás. La solución a este problema no consiste en destinar el siempre escaso dinero público a financiar campañas políticas, lo que, por lo demás, no evita el gasto adicional financiado por dinero privado.

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La solución es legislar para establecer la total transparencia en los aportes a todas las campañas políticas. Una ley brevísima debe requerir que cada candidato informe de inmediato al Registro Electoral de toda contribución en dinero o en especies valoradas realizada a su campaña, identificando el monto y el nombre del donante.

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Esa información debe ser ingresada por el Registro Electoral a una página web (¿www.democracialimpia.cl?), con acceso libre de cualquier persona interesada. Así los votantes podrán entregar un voto informado, como lo requiere la Constitución. Es obvio que es distinto que un candidato reciba aportes de muchos donantes que de pocos, si las donaciones provienen de empresas reguladas o no, etc., etc.

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Antes del final de la campaña, cada candidatura deberá también informar en qué gastó el dinero y, por supuesto, deberá haber una coherencia global entre donaciones y gastos. El día de la elección, cada ciudadano podrá tomar en cuenta esta información, entre otras, antes de votar.

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Esta información no sólo es valiosa para decidir el voto, sino también con posterioridad para evaluar la posibilidad de conflictos de interés de las personas elegidas a un cargo público.

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Esta es una propuesta que no cabe en los anacrónicos ejes de derecha, centro o izquierda. Tampoco favorece o perjudica en especial a ningún candidato. Es una propuesta hecha con espíritu constructivo para maximizar la credibilidad de los actores que necesita toda democracia, para facilitar la limpieza de la política, y para favorecer el acercamiento a la vida pública de tantas personas desilusionadas con ella, especialmente los jóvenes. El Congreso tiene ahora la palabra.