La violencia desatada en Chile es consecuencia directa de la estrategia diseñada en el Foro de Sao Paulo por la izquierda radical para impedir la consolidación de sistemas democráticos en Hispanoamérica. Las revueltas en Perú, Ecuador, Colombia y Chile son un programa revolucionario, cuya meta es imponer en la región regímenes totalitarios. Las proclamas de Nicolás Maduro ante la insurrección chilena (“Vamos mejor de lo que pensábamos”) y de su vicepresidente Diosdado Cabello (“La brisa bolivariana que recorre la región se convertirá en un huracán”) reflejan con claridad meridiana la fuente de los disturbios que desde hace semanas registra América Latina.

​

En ese contexto, Chile es un objetivo prioritario. Simboliza el éxito del capitalismo democrático frente al estrepitoso y repetido fracaso de los experimentos socialistas. Tiene el mayor PIB per cápita, la mayor movilidad social, la mejor educación, los menores niveles de pobreza y el mejor índice de desarrollo humano de la región. Sin duda, el modelo chileno no es perfecto; ninguno lo es, pero ha proporcionado a sus ciudadanos unos niveles de libertad y de prosperidad inigualados en la región.

​

El resultado de las elecciones presidenciales de 2018 favorable a la centroderecha fue consecuencia del declive de la economía durante el mandato de Michelle Bachelet (2014-2018), en el cual el crecimiento del PIB fue de solo 1,7%. Ello fue efecto de las contrarreformas introducidas por ese Gobierno, en especial la tributaria y la laboral. Bachelet inició una acusada deriva izquierdista, impulsada por los sectores más radicales del Partido Socialista y el progresivo ascenso del Partido Comunista.

​

El programa del Gobierno de centroderecha aumentó la confianza de los consumidores y de las empresas. Chile cerró 2018 con un incremento del PIB del 4%, el más elevado de los últimos seis años. En este contexto de recuperación se desata la ola de violencia que azota el país. El detonante del estallido fue la subida en un 3,75% de las tarifas del metro. Ante esa decisión, una sociedad supuestamente harta de una lacerante desigualdad se ha echado a la calle. Esta justificación es muy débil.

​

En Chile, la desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, es del 0,45 frente a una media en América Latina del 0,47. Si ese índice se descompone por edades, la desigualdad cae de manera dramática en todas las generaciones nacidas con posterioridad a 1970. Es obsceno que una izquierda que ha gobernado 24 de los 30 años desde 1990 responsabilice a la centroderecha de la distribución del ingreso.

​

Lo que está ocurriendo en Chile es algo diferente a una demanda de mayor justicia social. Se está ante una ofensiva para derribar al Gobierno, abortar la reactivación de la economía e impedir que la derecha continúe en el poder. La actuación de los violentos no tiene rasgo alguno de espontaneidad, sino de una perfecta organización. Sigue la lógica típica de este tipo de fenómenos. Un estallido social “descabezado” seguido por una huelga general lanzada por unos sindicatos cuyo control ostenta la izquierda radical, que se solidarizan con los revoltosos frente a la injusticia.

​

Como era previsible, las medidas contemporizadoras ofrecidas por el gobierno no han tenido efecto positivo alguno. Al contrario, incentivan la subversión porque son percibidas como una muestra de debilidad. La izquierda cree poder abatir al Ejecutivo y sus concesiones confirman esa conjetura. Esta dramática situación es también el resultado de un hecho relevante: el abandono por la derecha chilena de un discurso ideológico consistente. La derecha chilena ha renunciado a una de sus principales ventajas competitivas: la lucha de las ideas.

​

En Chile se libra en estos momentos una batalla fundamental cuyo resultado tendrá una enorme relevancia para la evolución de Hispanoamérica. El retorno de la izquierda chilena a conductas cuyo recuerdo está en la mente de todos es una pésima notica y un hecho de extraordinaria gravedad.