En los últimos 12 meses, la economía chilena ha perdido el 21% de los puestos de  trabajo, la mayor caída de la historia. En los años 80, a raíz de la crisis de la deuda, perdió un 9,5% de los empleos; en 1976, con una importante caída en los niveles de actividad, la pérdida fue de 12,5%; y en la Gran Depresión de los años 30, que nos golpeó como a ningún otro país, la misma pérdida alcanzó en Chile “apenas” al 18% (ver “Chile 1810-2010: La República en Cifras”, José Díaz, Rolf Lüders y Gert Wagner; 2016).
 
En la presente crisis se han destruido 1,9 millones de empleos, a lo que hay que agregar la parte pertinente de los ocupados ausentes. Si hacemos eso, la cifra de desocupación a fines del trimestre terminado en julio de este año, aumenta a más de un 30% de los 8,9 millones de ocupados de igual período de 2019.  Increíble, pero innegable.
   
¿Cómo explicar tal aumento de la desocupación, dado que el Banco Central de Chile estima que la caída del PIB de este año será de “solo” un 5%, muy inferior a las caídas del 13,5% en 1982, 12% en 1975, y 53% en 1931 y 1932? Bajo condiciones normales, una caída del PIB como la que experimentaremos este año debiera reflejarse en un aumento de la tasa de desempleo no superior al 3,5%, es decir, la nada misma comparado con el problema laboral observado (ver “Salario mínimo, lo técnico y lo valórico”, Joseph Ramos y Jessica Chamorro en TIPS 318; noviembre 2013).
 
Esta no es la típica recesión causada por una reducción en la demanda agregada, a pesar de que el PIB mundial -en vez de crecer a un 3% o 4%- caerá en 2020 en un 4%, lo que evidentemente tiene un impacto no menor sobre nuestra economía, tal como lo tuvo el estallido de octubre.  Sin embargo, esta vez se trata básicamente de un shock de oferta causado por las medidas sanitarias adoptadas.  

Las cuarentenas prolongadas y el cierre mandatado a nivel nacional de actividades intensivas en el uso de mano de obra, que llegaron a afectar a más del 50% de la población, se tradujeron en dramáticas reducciones de la actividad y del empleo. Por ejemplo, la actividad de la construcción y del comercio, restaurantes, hoteles, transportes y servicios personales, se redujo en un 35% y -con la notable excepción de los servicios de gobierno y financieros- los demás sectores de alguna importancia también han visto reducidos sus niveles de empleo.
 
La mayoría de las diversas políticas públicas de ayuda a las personas que perdieron sus empleos reducen el costo de la desocupación para los afectados y por ende genera un incentivo para dejar de trabajar. No existen estimaciones de dicho efecto y ni siquiera conocemos las tasas de reemplazo correspondientes. Eso sí, sabemos que en el segundo trimestre de 2020 el gasto público en beneficios sociales fue prácticamente igual a los ingresos laborales perdidos. Por ello, lo más probable es que cientos de miles de personas recibieron beneficios mayores a los ingresos perdidos, lo que por cierto incentiva el dejar de trabajar.
 
Por otra parte, el gobierno -apostando a que la economía se recuperará en un plazo relativamente breve- incentivó la mantención del vínculo entre los trabajadores y las empresas, a las que apoyó para que subsistieran al episodio pandémico. Esta política explica los 700.000 trabajadores que mantuvieron el vínculo formal con sus empresas por intermedio del programa de protección del empleo. También explica una parte -no sabemos cuál, pero puede no ser menor- de los 1,5 millones de trabajadores que optaron por dejar la fuerza de trabajo. Ellos están en espera que la situación se normalice para volver a sus puestos de trabajo en los hoteles, en los restaurantes, en la construcción, entre otros.

El Comité Consultivo del PIB tendencial acaba de rebajar el PIB tendencial de Chile a un 1,2% el 2020, lo que implica que el PIB por persona de Chile dejó de converger hacia aquél de los países “desarrollados”.

Como bien dijo el ministro Briones, estamos frente a un “problema colosal”.