Por Salvador Valdés Prieto, Profesor UC e investigador del CEP

En el debate presidencial en televisión, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera afirmaron que vamos hacia una “crisis previsional”.

La verdad es otra: los programas de pensión mínima y asistencial son la parte más exitosa de la red social: como demuestran las cifras oficiales (Casen 2000), sólo el 7% de los mayores de 65 años está bajo la línea de la pobreza. Esta es una cifra comparable a la de los Estados Unidos, que nos debería llenar de orgullo. En cambio, nos debería avergonzar que el 30% de los menores de 14 años esté bajo la línea de la pobreza.
 

Según la Casen 2000, el 51% de los chilenos de 65 o más no recibió una pensión mínima o superior ese año. ¿Cómo se entiende entonces que los programas de pensión mínima y asistencial sean tan exitosos como se indicó? La Casen 2000 entrega la respuesta: Un 15% de los ancianos recibía una pensión asistencial que los levantaba sobre la línea de la pobreza. Un 19% de los ancianos sin pensión tenía ingresos distintos de una pensión, superiores a la línea de la pobreza. Un 10% de los ancianos sin pensión vivía en un hogar donde el ingreso familiar per cápita era superior a la pensión mínima. Típicamente el marido tenía una pensión aceptable, pensada desde siempre para ser compartida con su mujer. Eso se demuestra en el hecho de que luego que él fallece, esa pensión continúa como pensión de sobrevivencia. En otros casos, la anciana vive con alguna de sus hijas. ¿Cuál es la última proyección de personas sin derecho a pensión mínima o superior para el año 2025? 45%, inferior al nivel actual, que es 51%. Algunos aducen que la línea de la pobreza es demasiado avara. Si se estimara así, subamos la línea de la pobreza para todos, sin dejar a los niños atrás, y sin dejar a los jóvenes atrás. No se ve como se podría justificar subir la línea de la pobreza para los ancianos solamente. Esto es lo único éticamente defendible, aunque sea caro fiscalmente.

¿Viene un enorme gasto fiscal en pensiones mínimas en el futuro? Nada de eso. Hoy día el gasto en pensiones asistenciales es 0,4% del PIB, y el gasto en pensiones mínimas para quienes tienen una cuenta individual es 0,1% del PIB.

El principal gasto hoy se hace en pensiones mínimas para los afiliados del sistema antiguo, manejado por el INP. Desde 1998 he planteado a las autoridades de la Dirección de Presupuestos que deberían descomponer el gasto en pensiones del INP entre el monto que habría correspondido según fórmula en ausencia de la garantía de la pensión mínima y el monto causado por esa garantía. La cifra nunca ha sido publicada. Considerando que el 80% de las pensiones del sistema antiguo contiene algún suplemento por pensión mínima, estimo que el actual gasto en pensiones mínimas del INP está entre 1,0 y 1,6% del PIB. Sumando todo, la red social fiscal para ancianos cuesta hoy entre 1,5 y 2,1% del PIB. ¿Y cuál es la proyección de gasto similar para el año 2030? Casi lo mismo.

La política social chilena no pide a los 360 mil cesantes que también son afiliados que coticen 20% de un sueldo inexistente. Tampoco pide a los 550 mil afiliados pensionados que sigan cotizando. Menos pide que cotice al 1,1 millón de afiliados que trabajan en su casa, sin sueldo en dinero. Respecto al 1,8 millón de ocupados por cuenta propia y similares, resulta que la enorme mayoría son pobres. Es razonable que la política social chilena nunca los haya obligado a cotizar 20% de un ingreso desconocido, y si alguna vez se les exigiera, ellos y sus niños se empobrecerían injustamente.

Los medios que lanzan cifras sin contexto en un debate presidencial se desprestigian. No se puede gobernar bien si se parte de un diagnóstico errado. Los errores descritos y la terquedad para repetirlos no auguran un buen gobierno para los próximos cuatro años.

No es responsable calificar a una política exitosa como “en crisis”.

Hay que perfeccionar la política social para los ancianos, que ha estado abandonada por demasiado tiempo. Hay que aumentar la competencia entre las AFP. No hay tiempo que perder.