Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile están sentadas sobre una bomba de tiempo. En 1980 no se les dio a los uniformados la misma opción que al resto de los trabajadores chilenos: permanecer en el antiguo sistema previsional de reparto o cambiarse voluntariamente al sistema de capitalización.

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Quince años después, los trabajadores que tienen una cuenta de capitalización individual se han beneficiado de una rentabilidad anual promedio de 13% real. Además, han gozado de todas la ventajas de un sistema que respeta su libertad de elección en múltiples dimensiones de su vida de trabajo. Muchos de ellos también han tenido la libertad de optar por atención de salud en una ISAPRE.

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Por su parte, el sistema previsional y de salud de los uniformados ha evolucionado negativamente y hoy enfrenta una grave crisis. Bastan dos cifras para dimensionar la gravedad de la situación:

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Resulta que solo el 17,4% de las pensiones que entrega CAPREDENA se financia con contribuciones de sus afiliados. En el caso de DIPRECA, la situación es aún peor: los aportes solo alcanzan a financiar el 14,8% de las pensiones.

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Por lo tanto, el aporte fiscal en 1996 a la Caja Previsional de la Defensa Nacional (CAPREDENA) será de $ 544 millones de dólares y a la Dirección Previsional de Carabineros (DIPRECA) de $ 322 millones de dólares. O sea, este año se dedicarán $ 866 millones de dólares a cubrir los déficits del sistema previsional y de salud de las FF.AA.

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Una de las dificultades para incrementar las bajas remuneraciones de los elementos más preparados de las FF.AA., situación que las debilita al incentivar el éxodo al sector privado, es el elevado costo de su sistema de previsión de reparto. Como éste costo es creciente, ocupará una mayor proporción del gasto de defensa y policía. Inevitablemente, ello colocará a estas instituciones en una situación de permanente antagonismo con las otras prioridades del presupuesto nacional.

Fue lamentable que en 1980 el Ministerio de Defensa, responsable de la previsión de los militares, no haya permitido a éstos entrar al sistema de capitalización, como pretendía el proyecto original de reforma que presentó entonces el Ministerio del Trabajo. 

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Es una paradoja que mientras trabajadores peruanos y colombianos también pueden, desde hace dos años, optar por una cuenta personal de ahorro para la vejez, y así beneficiarse de una idea desarrollada en Chile, los miembros de las FF.AA. chilenas están obligados a permanecer en un sistema anacrónico y quebrado. Las reformas de Perú y Colombia también dejaron a sus respectivas FF.AA. con los sistemas tradicionales de pensiones y salud. Por lo tanto, incluso si ahora se les permite a los miembros de las FF.AA. chilenas optar por la capitalización, ellas serían pioneras en este campo, con la ventaja competitiva que ello significa.

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Las complejidades que nacen de las características específicas de la carrera militar tienen soluciones técnicas. Por ejemplo, el llamado a retiro de un coronel, y que en el sistema actual origina de inmediato una pensión, en el sistema de capitalización podría ir acompañado de un “bono de retiro” que el Estado depositaría en la cuenta individual respectiva como parte integrante de las condiciones económicas de la carrera militar. La confidencialidad acerca del tamaño y ubicación de los efectivos también puede ser fácilmente resuelto. Con rigor técnico, mente abierta y respeto por el rol de las FF.AA. se pueden resolver todos los desafíos que involucraría esta transición.

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Este grave problema debe enfrentarse, a la brevedad, con una política de Estado que en su elaboración y discusión no distinga entre gobierno y oposición. Pues en esta tarea de interés nacional, es seguro que el gobierno contará con el apoyo de todos los que están comprometidos con la modernización de Chile.